España realizó transferencias preocupantes de armas a Egipto en plena primavera árabe, además de Bahréin, Arabia Saudí, México y Pakistán, sumidos en procesos violentos de intensidad creciente, revela un nuevo informe.
Durante el primer semestre de 2011, España continuó realizando operaciones de exportación de armas y material de defensa y seguridad que las organizaciones de la campaña “Armas bajo control” consideran preocupantes.
Así se desprende de un informe elaborado por Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). El informe analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material (armas de caza y deportivas, y material policial) durante el primer semestre de 2011.
En él, las organizaciones de la campaña “Armas bajo control” denuncian que a pesar de algunas medidas adoptadas para la zona, se siguieron realizando exportaciones de material a países del Norte de África y Oriente Próximo (Bahréin, Arabia Saudí y Egipto) que corría el riesgo de ser usado para cometer violaciones de derechos humanos.
Arabia Saudí constituye uno de los casos que más preocupación despierta en las organizaciones, no sólo por las exportaciones del pasado año sino por la operación, actualmente en marcha, que podría culminar en la venta al reino saudí de 250 carros de combate Leopard. El Gobierno debería dar información pública detalladas sobre este asunto, y detener de forma cautelar esta operación.
En todo caso, la realización efectiva de esta operación debería estar condicionada al establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas, para evitar que el material exportado pueda ser utilizado en la comisión de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de las fuerzas armadas saudíes.
Además de los países del Norte de África y Oriente Próximo, en la lista de operaciones preocupantes figuran entre otras las realizadas a dos países envueltos en sendas espirales de violencia: México, donde la “guerra contra las drogas” se ha cobrado la vida de alrededor de 50.000 personas desde el año 2006, cuyo ejército recibió transferencias por más de 57 millones de euros y Pakistán, a donde se realizaron exportaciones de material de defensa por valor de 536.000 euros en la categoría de repuestos para aeronaves.
Otras operaciones muy preocupantes para las organizaciones son las realizadas con Colombia, por más de 22 millones de euros, principalmente en aeronaves; Israel, que recibió material por valor inferior a 90.000 euros (pero a donde se autorizaron 19 millones más), y EE.UU., que recibió más de 58 millones pese a estar envuelto en conflictos armados y a sus insuficientes controles en materia de tenencia y venta de armas.
Al mismo tiempo, las organizaciones critican la demora que está sufriendo la comparecencia del secretario de estado de Comercio ante la comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe semestral sobre exportaciones de armas, tal y como se ha hecho los últimos años. Las organizaciones que forman parte de la campaña “Armas bajo control” esperan que esta comparecencia se produzca a la mayor brevedad posible. Romper esta práctica, sería un claro retroceso.
El informe reconoce ciertos avances en la política de transferencias seguida por el Gobierno español que tienen que ver con medidas adoptadas con motivo de la llamada primavera árabe hacia los países del Norte de África y Oriente Próximo. Entre ellos, las ONG destacan la revocación en febrero de varias licencias para la exportación y la revisión de todas las licencias aprobadas desde el año 2006 hacia Túnez y Egipto. La moratoria sobre la autorización de nuevas exportaciones se levantó el 11 de mayo aunque, según el gobierno, desde entonces las nuevas solicitudes a estos destinos fueron sometidas a un escrutinio especial, que las organizaciones esperan que se mantenga. Estos avances han de ser valorados como muy positivos.
Sin embargo, a pesar de los avances, las organizaciones denuncian que se siguen produciendo operaciones muy preocupantes que difícilmente cumplirían los criterios en materia de derechos humanos establecidos en la Posición Común Europea sobre control de exportaciones de armas y en la Ley 53/2007 que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso.
Esto se produce en un contexto económico negativo, en el que la situación recesiva de la economía española y la reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa se traduce en una menor capacidad para absorber buena parte de la producción del sector industrial de la defensa. En consecuencia, el impulso gubernamental para incrementar las exportaciones de dicho sector podría colocar los intereses comerciales por encima de lo que determina el artículo 8 de la citada Ley.
Las organizaciones de la campaña “Armas bajo control” aprovechan la ocasión de la publicación del informe sobre las exportaciones españolas de armas en el primer semestre de 2011 para recordar que este es un año decisivo para lograr una regulación internacional efectiva del comercio de armas, ya que la ONU ha convocado a los países miembros de la organización a discutir en julio en Nueva York el texto de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA).
Las organizaciones reiteran que dicho tratado ha de incluir garantías sólidas de que ningún gobierno pueda autorizar transferencias de armas que puedan ser destinadas a cometer o facilitar la comisión de violaciones y abusos de los derechos humanos. Recuerdan al gobierno español su compromiso, expresado a Amnistía Internacional durante la recientemente visita de su secretario general, Shalil Shetty, de respaldar en la ONU un tratado que incluya dichas garantías.