Mariano Rajoy está a punto de consumar la condena al pueblo saharaui iniciada en febrero de 1976, cuando el último Gobierno franquista y primero de la Monarquía ordenó al Ejército dejar el Sahara a Marruecos y abandonar a los habitantes de lo que fue su última colonia. El pasado sábado el Gobierno de Rajoy evacuó por sorpresa a los cooperantes españoles que trabajan en los campamentos de refugiados de Tinduf so pretexto de “indicios fundados de un severo incremento de la inseguridad”. Hoy solo permanece el cooperante Pepe Oropesa, al que han obligado a firmar un documento para eximir al Gobierno de cualquier responsabilidad. Ayer el presidente de la Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), José Taboada, anunciaba que veinte cooperantes viajarán la próxima semana a los campamentos para entregar un cargamento de ayuda humanitaria. Taboada ha interpelado al Gobierno sobre la situación de los 5.500 niños saharauis que están pasando el verano con familias españolas. “¿Qué hacemos con ellos, les dejamos aquí si es tan inseguro volver?”, ha preguntado. A lo que habría que añadir ¿qué va a pasar con las 180.000 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, que a duras penas sobreviven en el desierto de Tinduf?